La libre circulación de mercancías en el asunto 6 noviembre 2003

Estimado Profesor:

En primer lugar, cabe recordar que el litigio entre la Comisión y el Reino de España empieza con el requerimiento presentado por aquella el 4 de noviembre de 1999, en el que se considera que España incumplió sus obligaciones reguladas por los artículos 28 CE y siguientes en el momento en que negó el acceso al mercado español de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros bajo la denominación de “limpiador con lejía”. De hecho, para que se utilice esta denominación, la ley española requiere que el contenido de cloro activo por litro en el producto sea como mínimo de 35 gramos. Fue la Comunidad de Madrid que incoó procedimientos sancionadores en contra de ciertos importadores de productos de este tipo. Estas prácticas, que constituían medidas de excepción al principio de la libre circulación de mercancías en la Comunidad, fueron notificadas a la Comisión por parte de España (conforme a la Decisión nº 3052/95) en la primera mitad del año 2000. España alegó que dichas restricciones se justificaban por el interés en la protección de los consumidores y la salud pública con un escrito a la Comisión de 30 de noviembre de 2000. Sin embargo, la propia Comisión no compartió el criterio del Gobierno de España y, por esta razón, optó por recurrir por incumplimiento del artículo 28 CE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de septiembre de 2001. El Tribunal resolvió finalmente mediante sentencia del 6 de noviembre de 2003.

El asunto en sí vierte en la justificación presentada por España con el propósito de limitar la introducción de ciertos productos “con lejía” como excepción al principio de la libre circulación de mercancías en la Comunidad. Según España, el contenido mínimo de 35 gramos de cloro activo es un requisito necesario para salvaguardar la salud pública, precisando que este se aplica tanto a los productos nacionales como a aquello fabricados en uno de los Estados miembros, además de ser un argumento válido para la protección de los consumidores. De hecho, estos se esperan que los productos etiquetados como “con lejías” tengan características precisas. Sin embargo, la Comisión responde que hay medidas menos gravosas que la prohibición a la importación para conseguir el mismo objetivo (entre ellas, una etiqueta en la que se especifique que la concentración de cloro activo es inferior).

El Tribunal considera que el argumento de la salud pública (el uso del limpiador con una concentración de cloro inferior a 35 gramos por litro) tiene valor sola y únicamente si el consumidor utiliza el producto de manera impropia.

Cabe recordar que el 1993, con el Tratado de Maastricht, ratificó la importancia del mercado interior de la Unión Europea, un mercado único que faculta la libre circulación de bienes, servicios y personas. En esta perspectiva, está claro que las excepciones al principio de la libre circulación de mercancías deben ser proporcionales y justificadas. El Tribunal admite, por un lado, que la excepción propuesta por España es justificable en base a la salud pública (si bien no lo hace de forma clara) y, por el otro, se trata de argumentos desproporcionados y, por tanto, inadmisibles.

Los argumentos de defensa de la salud pública presentados por España son, en mi opinión, legítimos como excepción al principio de la libre circulación de mercancías. Sin embargo, es cierto que existe una clara desproporción en la medida española, es decir, la prohibición a la importación o la imposición de sanciones a los productores antes que el requerimiento de un etiquetado que se adecue a los requisitos de la ley.

Un punto muy importante de la sentencia es la defensa del llamado “consumidor medio”, un tipo de consumidor “informado y razonablemente atento y perspicaz”, que tiene suficiente capacidad para leer la etiqueta de un producto y entender su poder desinfectante una vez leída la concentración de cloro declarada. Algo opinable, a mi manera de ver, ya que cualquier consumidor no debería estar obligado a examinar la cantidad de cloro de un producto para conocer su poder desinfectante. Pues, la expectativa de un consumidor de referencia español al comprar un “limpiador con lejía” (más allá de su etiqueta) es que el producto sí tenga un poder desinfectante elevado, pero la realidad es otra, ya que los productos con menos cloro no cumplen con esta expectativa, y cabe decir que el consumidor medio no tiene por qué conocer el umbral de cloro que marca la diferencia entre un producto más o menos desinfectante.

Es este el punto más controvertido de la sentencia, en mi opinión: el Tribunal no considera engañosa la denominación “limpiador con lejía” ya que “la preposición ‘con’ indica claramente al consumidor que adquiere un producto que se compone, en particular, pero no exclusivamente, de lejía. Por tanto, no se oculta al consumidor la verdadera naturaleza del producto”. Una vez más, la expectativa del consumidor medio español que adquiere un “limpiador con lejía” es que este tenga suficiente poder desinfectante, lo que en realidad – como ya se ha dicho – despende exclusivamente de la concentración de cloro en el producto. Por lo tanto, creo que la denominación “limpiador con lejía” sí es engañosa, por lo menos a los efectos del presente caso, si no queda acompañada de otras indicaciones útiles aparte de la etiqueta que lleva la composición química.

En virtud de lo anteriormente expuesto, creo que la resolución última de la sentencia (incumplimiento de las obligaciones del artículo 28 CE por parte de España) es correcta por falta de proporcionalidad de la excepción al principio de la libre circulación de mercancías; sin embargo, aplicada al presente caso, cabe decir que dicha excepción al principio de la libre circulación de mercancías sería proporcional. Si para el Tribunal, un etiquetado que indicara la cantidad de cloro es suficiente de por sí, yo creo que debería indicar de forma clara que el producto no tiene propiedades desinfectantes si su contenido en cloro es menor del referido umbral, de ahí que el consumidor de referencia esté al tanto de las propiedades del producto y, a la vez, se garantice la protección de la salud pública.

Aparte de esto, sin embargo, hace falta examinar el aspecto procesal.

Cabe recordar que todos los Estados miembros deben seguir un procedimiento claro e igual para la transposición de las normas comunitarias, encomendándose con ese fin a la racionalidad jurídica formal que garantiza la armonización de los dos derechos, a la racionalidad teleológica necesaria para la persecución de los fines previstos, a la racionalidad ética que hace que los fines perseguidos sean éticos y morales, a la racionalidad lingüística que permita trasmitir el mensaje, a las relaciones entre poderes centrales y las Comunidades Autónomas, y por último a la racionalidad jurídica formal necesaria para la adecuación del derecho establecido según la ley.

El TJCE ha establecido que una correcta transposición requiere disposiciones precisas y trasparentes. En virtud de esto, el Consejo de España ha establecido que la norma de incorporación debe tener el mismo rango de la norma interna. Todas las directivas deben ser incorporadas en los plazos fijados en las mismas, en falta de lo cual hay un caso de incumplimiento por parte del Estado miembro. Es exactamente el caso de la sentencia analizada, donde España no respetó el plazo resultando responsable por incumplimiento.

El Tribunal de Justicia es el órgano competente sobre las supuestas violaciones y, por ende, el que vigila sobre la correcta actuación de las instituciones y garantiza la aplicación homogénea del Derecho europeo.

En el caso del recurso de incumplimiento (de las obligaciones previstas por parte de un Estado miembro) interpuesto por la Comisión Europea, el procedimiento de infracción puede empezar por tres distintos casos: falta de incorporación o tardía; deficiente aplicación efectiva; mala aplicación del Derecho comunitario.

La responsabilidad de los Estados miembros por infracción o incumplimiento de la normativa comunitaria puede llevar a una acción directa ante el Tribunal de Justicia y la Unión Europea.

En el caso analizado, España no respetó este dictamen resultando responsable de incumplimiento de las obligaciones del artículo 28 CE. La supremacía del Derecho comunitario es esencial para que todos los Estados miembros se ciñan a una sola directiva y se aplique la ley comunitaria, lo que, a mi manera de ver, es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea y punto de partida esencial para la unificación del derecho.

Atentamente,

El eje central de la sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2003 sienta en uno de los principios fundamentales del Tratado de la Unión Europea, el art. 28 TFUE que establece el derecho aq la libre circulación de productos provenientes de los estados miembros de la UE y de productos de terceros Países que estén en libre práctica en los Estados Miembros (es decir, productos respecto de los cuales se hayan cumplido formalidades de importación y percibido los derechos de aduana). 

La finalidad es la creación de una unión aduanera que abarque la totalidad de los intercambios de mercancias y que implicará la prohibición por ejemplo de los derechos de aduana, de importación y de exportación. Para que esto pueda verificarse es importante que se prohiban esas medidas proteccionistas, o medidas de efecto equivalente (Directiva 70/50/CEE) y prestar atención a los abusos de las excepciones dictadas por los artt. 34 y 35 TFUE. 

En este asunto, España se hace culpable de incumplimiento del art. 28 TFUE al no permitir el acceso al mercado español de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados Miembros  bajo la denominación “limpiador con lejía” con porcentaje de cloro activo inferior a 35 g/l. Hay que evidenciar que España establece que para definir productos como “blanqueadores” la concentración de cloro activo debe situarse entre 35g/l y 100g/l. La comunidad de Madrid incoó procedimientos sancionadores alegando que estos se justificaban por el interés en la protección de los consumidores y la salud pública. La Comisión no compartió dicho criterio y recurrió por incumplimiento del art. 28 TFUE.

El Tribunal de Justicia en la sentencia en cuestió, de hecho subraya una violación de la LCM observando que con el art. 30 del Tratado, la legislación española no tiene como objetivo proteger la seguridad pública y el consumidor, puesto que los productos importados cumplen con la legislación comunitaria con respecto a clasificación, envasado y etiquetados de productos peligrosos.

Es decir, el Tribunal de Justicia destaca el comportamiento prohibicionista de España y remarca el abuso de la excepción de la salud pública.

Atentamente,

Estimado Profesor,
La libre circulación de mercancías es una de las libertades fundamentales en el proceso de integración europea, que todavía desempeña un papel central en el sistema del mercado interior.

Entre los Estados miembros de la Unión Europea es, de hecho, una herramienta esencial para lograr el mercado interior tal como se establece en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los contenidos del mercado interior están definidos por el art. 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (TFUE). La noción de “mercado interior” se basa en eliminar los obstáculos a la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales entre los Estados miembros.
La libre circulación de mercancías está regulada en el capítulo II del TFUE, Arts. 28-37, y sobre todo requiere un trabajo constante para identificar y eliminar las medidas que tienen un efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, que constituyen la categoría más importante de los
obstáculos no arancelarios.

Como emerge en la sentencia, sujeto a examen, un obstáculo técnico, no insignificante, se deriva de la diversidad de leyes nacionales que regulan la producción y comercialización de productos.
Por este motivo, su eliminación se logró inicialmente mediante la adopción de directivas para la armonización de las legislaciones nacionales, pero, más adelante, se destacó la oportunidad de combinar esta herramienta con una nueva estrategia basada en el principio de reconocimiento mutuo.
Este principio, que obliga a los Estados miembros a permitir la venta en su territorio de bienes producidos legalmente y comercializados en otro Estado miembro, solo puede derogarse cuando existen requisitos de interés general.
También, siempre en relación con la sentencia examinada, hay que tener en cuenta que el TFUE, en el art. 36, permite prohibiciones, restricciones a la importación, exportación y tránsito, si las medidas nacionales están justificadas por motivos de: moralidad pública, orden público, seguridad pública, protección de la salud y la vida de personas y animales, preservación de plantas, protección del patrimonio artístico, histórico y arqueológico nacional, protección de la propiedad industrial y comercial.
Se trata de asuntos de interés general, no imputables a razones económicas, que en ningún caso deben constituir un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros.
Por lo tanto, como constituye una excepción al principio de libre circulación, la Corte siempre ha interpretado estrictamente el art. 36 TFUE, indicando que proporciona justificaciones vinculantes invocables en presencia de directivas de armonización y reconocidas  solo si cumplen los criterios de necesidad y proporcionalidad.
Reflexionando sobre la sentencia, Causa - C 358/01, es aceptable que el tema de la protección del consumidor sea de suma importancia.
Lo es en todos los Estados, porque las personas tienen derecho a la protección de la salud, como un valor absoluto y de importancia indiscutible.
Creo que el Gobierno Español, incluso teniendo que proteger a sus ciudadanos, se ha centrado en el hecho de que se vendió un producto que no cumplía con los requisitos de los detergentes de lejía, según lo regulado en España.
El ha adoptado, es decir, una actitud particularmente escrupulosa incluso en detrimento de las normas de la Unión Europea.
Sin embargo, como lo destacó el Tribunal de Justicia, no existe una demostración precisa del peligro para un consumidor promedio y no hay comparación con los posibles riesgos en el caso de otros productos.
Creo que la conclusión del Tribunal se puede compartir porque el consumidor no es engañado, pero es indiscutible que compra un producto que contiene lejía y este componente está claramente indicado.
Entonces, en este y en otros temas, considero que es esencial contar con una colaboración continua entre las autoridades europeas para mejorar la calidad de la legislación de la UE e identificar las regulaciones que se simplificarán o codificarán, de acuerdo con el objetivo de una acción más efectiva para mejorar la legislación, la transposición oportuna y la correcta aplicación.
Es necesario destacar cómo, en general, tanto la jurisprudencia como la legislación derivada tienen como objetivo eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías que aún existen y evitar la creación de otros nuevos.
Esto se hace a través de medidas directas tanto para garantizar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, como para dictar reglas comunes que tengan en cuenta las innovaciones tecnológicas continuas, mientras se persiguen los objetivos de proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente que integran las acciones y las políticas de la Unión.
Saludos Cordiales
Francesc

 Buenos días profesor y colegas,

la sentencia del Tribunal de Justicia - Sala Quinta - de 6 de noviembre de 2003, está dirigida a la libre circulación de mercancías en la Unión Europea. En primer lugar, es fundamental analizar el concepto de libre circulación de mercancías. El artículo 28 EC dice "La Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la comunicación, entre los estados miembros, los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente "Así como la operación de un arancel aduanero común en sus relaciones con países terceros". La libre circulación de mercancías es una de las garantías más importantes ofrecidas por la Unión Europea. Presupone la creación de una unión aduanera que cubra todo el comercio de mercancías y que dé lugar a una prohibición de los derechos de aduana sobre las importaciones y exportaciones (comercio intracomunitario) entre Estados miembros. Del mismo modo, establece la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países. En el caso sometido a nuestra atención, nos referimos a bienes producidos dentro de la Unión Europea y no producidos fuera de ella. Básicamente, dos empresas conocidas con instalaciones de producción en España fueron multadas por la Autoridad Administrativa de Madrid por la violación de la legislación española sobre etiquetado de productos. En el caso que presentamos a nuestra atención, nos referimos a los productos producidos en Dentro de la Unión Europea y no producido fuera de ella. Al imponer esta sanción, España no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 28 CE, de hecho, ha negado el acceso a su territorio de productos manufacturados legalmente vendidos en otros Estados miembros de la UE. España argumentó, en referencia a la legislación nacional, que el porcentaje de cloro contenido en detergentes era demasiado alto y, por lo tanto, multó a las empresas productoras. Todo esto dio lugar a una prohibición del comercio con el blanqueador con el nombre "limpiador con lejia", aunque se fabrica y comercializa en gran medida en otros Estados miembros cuando su contenido de cloro activo es inferior a 35 gramos por litro. En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que el Reino de España es responsable de la violación de las obligaciones establecidas en el art. 28 CE, que prohíbe el acceso al mercado español para el producto en cuestión. El Tribunal de Justicia aclara que la salud pública no puede sufrir ningún daño en la comercialización de este producto, ya que la cantidad de cloro es, en cualquier caso, inferior y no superior a la exigida por la legislación española. La legislación española ha sido declarada por el Tribunal de Justicia "desproporcionada con el objetivo de la protección del consumidor".
Mi opinión está en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia y, en mi opinión, las autoridades españolas querían impedir la comercialización de un producto que lo justificara con la protección de la salud pública.

Saludos cordiales

 

Giada 

 Sentencia «Comisión/España» de 6 noviembre de 2003
CONTRAER

Estimados Profesor y compañeros,
las principales disposiciones del Tratado que rigen la libre circulación de mercancías son:
• el artículo 34 TFUE (antiguo artículo 28 TCE), que se refiere a las importaciones en el interior de la UE y prohíbe «las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente» entre los Estados miembros (las restricciones cuantitativas se han definido como medidas que constituyen prohibiciones totales o parciales a la importación, a la exportación o al tránsito. Sería el caso, por ejemplo, de una prohibición absoluta o un sistema de cuotas, es decir, las restricciones cuantitativas se aplican cuando se alcanzan los límites máximos de importación o exportación. Una restricción cuantitativa se puede basar en disposiciones reglamentarias o ser simplemente una práctica administrativa. Por lo tanto, incluso un sistema de cuotas encubierto u oculto estará sujeto al artículo 34 TFUE);
• el artículo 35 TFUE (antiguo artículo 29 TCE), que se refiere a las exportaciones de un Estado miembro a otro y prohíbe, del mismo modo, «las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente»; y
• el artículo 36 TFUE (antiguo artículo 30 TCE), que establece excepciones, justificadas por ciertas razones, a las libertades del mercado interior previstas en los artículos 34 y 35 TFUE.
Los artículos 34 y 35 TFUE abarcan todo tipo de importaciones y exportaciones de mercancías y productos. La gama de mercancías cubierta es tan amplia como la de las mercancías con valor económico existentes: por mercancías, en el sentido del Tratado, se entienden los productos que pueden valorarse en dinero y que, como tales, pueden ser objeto de transacciones comerciales. En sus sentencias, el Tribunal de Justicia ha aclarado en diversas ocasiones la denominación adecuada de un producto determinado.
 
En caso de infracción de los artículos 34, 35 y 36 TFUE La Comisión puede, por propia iniciativa o en virtud de una reclamación previa, iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro del que se considere que no ha cumplido las obligaciones que le impone la legislación de la Unión Europea. El artículo 258 TFUE (antiguo artículo 226 CE) prevé las etapas formales del «procedimiento de infracción».
Todo aquel que considere que una medida imputable a un Estado miembro es contraria a los artículos 34 a 36 TFUE puede presentar una denuncia ante la Comisión Europea. Aunque el denunciante no es oficialmente parte en un procedimiento incoado contra un Estado miembro, conviene señalar que goza de ciertas garantías administrativas importantes:
• la Comisión no revelará su identidad a menos que el denunciante haya dado su consentimiento expreso;
• la Comisión tratará de adoptar una decisión sobre el fondo del asunto (inicio de un procedimiento de infracción o archivo definitivo del expediente de denuncia) en el plazo de doce meses a partir de la fecha de registro de la denuncia;
• los servicios de la Comisión mantendrán al denunciante informado de la evolución del procedimiento de infracción y el departamento pertinente le notificará con antelación si ha previsto proponer a la Comisión que archive el asunto. En caso de que a raíz de su investigación la Comisión considere que puede haberse infringido la legislación de la Unión Europea, podrá decidir incoar un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 258 TFUE.
La Comisión mantiene una actitud muy vigilante para garantizar el cumplimiento general de la legislación de la Unión Europea y controlar el cumplimiento por los Estados miembros de las normas y obligaciones establecidos en el Tratado y en el Derecho derivado.
 
En la Sentencia «Comisión/España» de 6 noviembre 2003 propuesta, el TJCE rechazó el argumento de las autoridades españolas relativo a que en el caso de la lejía o de productos en cuya denominación se incluyera ese término, un error sobre la concentración del hipoclorito sódico podía tener consecuencias perjudiciales para la salud de los consumidores, puesto que éstos esperan que la utilización de este tipo de limpiadores produzca una desinfección. La protección de la salud pública no puede justificar tal obstáculo, en la medida en que cuanta menos cantidad de cloro activo, sustancia peligrosa, contenga un producto, menor será la posibilidad de que pueda ser perjudicial para la salud pública. El riesgo que podría implicar dicho producto se deriva más bien de los peligros que pueden surgir cuando un consumidor lo utilice de manera inadecuada o con fines distintos de aquellos para los que fue concebido. Tal normativa es, sin embargo, desproporcionada con respecto al objetivo de la protección de los consumidores, dado que resulta suficiente para informar a estos últimos de las cualidades y la composición del producto colocar una etiqueta que contiene información sobre su naturaleza y sus características principales, incluido el contenido en cloro activo. La circunstancia de que los consumidores de un Estado miembro tengan ideas muy concretas respecto a la composición o a las características de un determinado producto no puede justificar, en principio, los obstáculos a la libre circulación de mercancías, cuando las características de dicho producto pueden ser apreciadas correctamente por los consumidores al leer la etiqueta.
Saludos cordiales, 

Estimados Profesor y compañeros,

Usted libre circulación de las mercancías de los Estados miembros y de los productos procedentes de Países tercias que se encuentran en libre práctica en los Estados miembros representa a uno de los principios fundamentales del tratado. Ello es garantizado por la eliminación de los aranceles aduanero, de las restricciones cuantitativas y de la prohibición de adoptar medidas de efecto equivalente.

Del punto de vista sistemático, tal principio es colocado en la parte tercera del TFUE sobre las políticas y acciones interiores de la unión, cuyo título LOS es dedicado al mercado interior. A la libre circulación de las mercancías, en cambio, es dedicado el siguiente título II, que a los artt. 28 y 29 define el alcance de la unión aduanero y se articula en tres jefes: lo primero, artt. 30-32, relativo a la unión aduanero, el segundo, art. 33, a la cooperación aduanero y al tercero, artt. 34-37, a la prohibición de las restricciones cuantitativas entre los Sati miembros.

A los sentidos del art. 52 de los TUYOS, el ámbito de aplicación de las normas sobre la libre circulación de las mercancías es el mismo del entero tratado o sea el territorio de la entera Unión.
El caso examinado, es relativo a la prohibición de comercialización de productos hechos y comercializados en otros Estados miembros, bajo la denominación de “detergente con lejía” prevista por la normativa española, cuando su contenido de cloro activo es inferior a 35 gramos por litro.

La Corte de Justicia europea ha creído la normativa española desproporcionada con respecto del objetivo de tutela de los consumidores sobre la base del relieve que el consumidor mediano normalmente es un sujeto informado, racionalmente atento y avisado que está capaz de conocer por el etichettatura sea la composición sea las características del producto ofrecidas sobre el mercado.

Consigue de ello que si los productos importados observan la normativa comunitaria en tema de clasificación embalaje y etichettatura de los productos peligrosos no puede ser aceptada una limitación a la libre circulación de las mercancías en razón de uno afirmada mayor protección de los consumidores.

Pues tiene que creerse que la restricción de las importaciones de los productos sobre indicados contrasta con la normativa comunitaria sobre la libre circulación de las mercancías.
Además las etiquetas de los productos se son preparadas de manera tal por no inducir en error al consumidor sobre la efectiva propiedad de las mercancías mismas en cuanto es reconducida claramente la expresión con lejía.

El fundamento lógico jurídico de tal orientación se halla en el principio de libre circulación de las mercancías, ella que, como observado, represéntala antes de las cuatro libertades fundamentos del mercado interior en que el objetivo primario es eliminar cada obstáculo a la libre circulación de las mercancías, de modo que realizar un espacio sin fronteras interiores, dónde las mercancías circulan libremente como dentro de un mercado nacional, el asillamado mercado interior.

Saludos cordiales

Onofri

Estimando profesor,

la sentencia en cuestión tiene por objeto un recurso por incumplimento de un Estado miembro, en este caso España, por violación del derecho a la libre circulación de las mercancías protegido por el art. 28 CE.

El Reino de España prohibió la comercialización de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros con la denominación “limpiador con lejía”, o similar, cuando no poseían una concentración mínima de cloro activo de 35 gramos por litro.

España, de hecho, consideraba necesario este contenido mínimo para que tendría efectos desinfectantes.

La questión es muy delicada porque requiere una evaluación cuidadosa del equilibrio de intereses opuestos.

Por un lado, la Comisión exigió la protección del interés primario de la libre circulación de mercancías como base y pilar para la construcción del mercado común y la necesidad de promover la libre competencia entre los Estados miembros.

A tal fin el Art. 28 CE prohibe las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros.

Por otro lado, existe un interés igualmente digno de protección, es decir, el de respetar y garantizar los principios fundamentales de cada Estado miembro.

El art. 30 CE prevé que determinadas exceptiones al art. 28 CE pueden estar justificadas, entre otras razones, para la protección de la salud y vida de las personas, pero las prohibiciones o restricciones no deben constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta  del comercio entre los Estados miembros.

El “principio de reconocimiento mutuo” obliga a cada Estado miembro a aceptar productos que se fabrican y comercializan legalmente en otro Estado miembro sin que este último tenga que cumplir con los requisitos reglamentarios y los estándares del Estado incorporador, a menos que su oferta no viole los derechos fundamentales de ese Estado. Sin embargo, estas excepciones se limitan a las razones descritas en el artículo 36 TFUE (protección de la moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales) y a las exigencias imperativas justificadas por razones de interés general reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, siempre que sean proporcionadas al objetivo perseguido.

Específicamente, España justificó la restricción al afirmar que la falta de concentración de cloro necesaria para que la lejía tenga propiedades desinfectantes constituía un riesgo para la salud y representaba publicidad engañosa para los consumidores españoles que confiaban en las propiedades desinfectantes de los productos denominados “limpiadores con lejía”.

La Corte no consideró suficientes tales justificaciones juzgando tal normativa desproporcionada con respecto al objetivo de la protección de los consumidores. Para la Corte “La circunstancia  de que los consumidores de un Estado miembro tengan ideas muy concretas respecto a la composición o a las características de un determinado producto no puede justificar, en principio, los obstáculos a la libre circulación de mercancías, cuando las características de dicho producto pueden ser apreciadas correctamente por los consumidores al leer la etiqueta”.

Comparto la opinión de la Corte que considera que la medida adoptada por España es desproporcionada por diferentes razones.

En primer lugar, no existe un riesgo real para la salud porque la responsabilidad de la sustancia proviene de una concentración excesiva (y no inferior a un cierto umbral) de la presencia de cloro, y esto está de hecho protegido por la legislación comunitaria.

Además, no debe pasarse por alto que el porcentaje de cloro necesario para conferir las propiedades desinfectantes adecuadas varía según el uso que se haga del detergente (por exemplo, la concentracion necesaria para “desinfectar” una casa será ciertamente menor que la necesaria para desinfectar las instalaciones sanitarias o lugares públicos).

Debe agregarse que el uso común del producto para la mera necesidad de limpiar las casas (y no para la higiene de las herramientas sanitarias) no permite ver una necesidad real de protección de la salud.

El único interés realmente reconocible, por lo tanto, sigue siendo el mero requisito de protección del consumidor español; sin embargo, este último no puede justificar tal restricción a la importación.

Esto es principalmente porque el art. 30 CE impone una aplicación muy restrictiva de la hipótesis de derogación al principio de libre circulación de mercancías, limitándolos solo a los casos de interés general y no económico (como la protección de la salud, de la seguridad, del interés público y de la moralidad).

Además, la Corte tiene razón al afirmar que existen otras medidas para proteger al consumidor, como el etiquetado adecuado. A este respecto, sin embargo, no estoy de acuerdo con la opinión del la Comision de que “un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” pueda determinar la capacidad de desinfección de un limpiador con lejía al observar la composición química en la etiqueta.

De hecho, no se puede afirmar que un “consumidor medio” pueda entender del porcentaje de cloro indicado en la etiqueta si esto es suficiente para otorgar al producto las propiedades desinfectantes adecuadas.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con la falta de proporcionalidad de la medida adoptada por España y con la existencia de medidas menos invasivas e igualmente adecuadas para proteger al consumidor español, como un etiquetado adecuado. Pero esto no puede limitarse a especificar la cantidad de cloro presente en la lejía, sino que debe indicar claramente que “el producto no posee propiedades desinfectantes”.

De esta manera, “el consumidor medio, diligente y razonablemente atento” se colocaría realmente bajo las condiciones, leyendo el etiquetado, para distinguir los limpiadores con lejía que no contienen propiedades desinfectantes de aquellos que contienen dichas propiedades que, de hecho, continuarán produciéndose en España y permanecerán en la disponibilidad del consumidor que, por lo tanto, podría elegir libremente el producto más adecuado a sus necesidades.

Atentamente

Beatric

Buenos dias Profesor,

el proceso Comisión Europea contra España en cuestión se refiere a la libre circulación de productos con denominación “detergente con lejía” o “limpiador con lejía” y restricciones relacionadas. Sin embargo, el caso no se refiere a bienes producidos en países fuera del espacio económico europeo, pero producidos legalmente en la Unión Europea.

Los hechos y el procedimiento en breve: dos empresas intencionales bien conocidas, Procter & Gamble y Colgate Palmolive, con domicilio social en España, han sido multadas por la autoridad administrativa de Madrid por la violación de la legislación española sobre etiquetado de productos.

Se ha ordenado a España que pague los costes porque no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 28 CE porque ha denegado el acceso a su territorio de productos fabricados legalmente vendidos en otros Estados miembros de la UE. En particular, el argumento de España en este caso se centra en particular en la referencia de la legislación nacional al porcentaje de cloro contenido en detergentes y, con las multas a las empresas, esto resulta en una prohibición de comercializar con la denominación limpiador con lejía, aunque se traten de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros, cuando su contenido en cloro activo sea inferior a 35 gramos por litro. La protección de la salud no puede justificar un obstáculo, ya que menos un producto contiene cloro activo, una sustancia peligrosa, menos podrá dañar la salud de las personas. En vez, el posible riesgo relacionado con un producto de este tipo se deriva más bien de los peligros que pueden surgir cuando un consumidor lo usa incorrectamente o para otros fines que no fueron aquellos para los que fue concebido.

La ley española, que respalda al Tribunal de Justicia, es desproporcionada con el objetivo de la protección del consumidor, para informarle sobre la calidad y composición del producto y es suficiente para colocar una etiqueta que contenga información sobre la naturaleza y sobre la principal. Características del propio producto, incluido el porcentaje de cloro activo. El hecho de que los consumidores en un Estado miembro de la Unión tengan una idea muy clara de la composición o características de un producto dado no puede, en principio, legitimar obstáculos a la libre circulación de mercancías si las características de ese producto puede ser evaluado adecuadamente por los consumidores leyendo la etiqueta.

Atentamente,

Amede

Estimado profesor y queridos colegas, buenas tardes.

Con este foro, me gustaría expresar mi opinión sobre la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia, sección quinta, de 6 de noviembre de 2003 por la violación del artículo 28 CE sobre la prohibición de la comercialización de un producto conocido como “lejía detergente”; Producto fabricado y comercializado legalmente en otros estados miembros cuando el nivel de cloro activo es inferior a 35 gr. por litro

El artículo 28 CE prohíbe los obstáculos a la libre circulación de mercancías << […] resultantes de la aplicación a mercancías de otros Estados miembros, donde se fabrican y comercializan legalmente, las normas relativas a los requisitos que deben cumplir dichos productos, como los Se relaciona, por ejemplo, con su nombre, forma, tamaño, peso, composición, presentación, etiquetado y empaque, aunque estas normas son aplicables sin distinción a productos nacionales y productos importados >>.

Bueno, España prohíbe el acceso al mercado nacional de productos de limpieza con lejía o similares comercializados en otros Estados miembros de la UE cuando su porcentaje de cloro activo es inferior a 35 g / l; En clara violación del Tratado de la UE.

En España, de hecho, se permite el comercio de detergentes con lejía en los que el porcentaje de cloro activo está entre 35 g / ly 100 g / l según la técnica. 2 n. 2 real decreto n. 3360/1983.

Este reglamento obliga a los productores extranjeros a modificar su producto y tales modificaciones podrían tener un impacto en los costos, reduciendo así la ventaja comparativa.

En otras palabras, si no se respetan las disposiciones técnicas, este nombre no se puede utilizar en la venta del producto.

En consecuencia, esto impide que un producto, que es, en el mercado de origen, un “detergente con lejía”, compita en España, donde presumiblemente se beneficia de la ventaja comparativa máxima, como “detergente con lejía”.

En el caso en cuestión, la Comisión Europea, a raíz de la queja recibida sobre los hechos del caso y la notificación de dos cartas de notificación formal a España, envió un dictamen motivado en el que se le pedía que tomara las medidas necesarias para cumplir con los requisitos. la misma opinión con referencia en particular a algunos procedimientos de sanción pendientes ante la Autoridad Administrativa de Madrid, en contra de algunos operadores comerciales que pretenden importar productos cuya etiqueta es el término “lejía” (incluso si el contenido de lejía de estos productos era inferior a 35 g / l).

Dado que el Reino de España no detuvo la violación, la Comisión apeló de conformidad con el art. 226 del Tratado CE; Este recurso debe ser declarado admisible.

En lo que respecta al mérito, o con referencia a la existencia efectiva de una medida de efecto equivalente, el Tribunal de Justicia aclara que, según su jurisprudencia reiterada, el artículo 28 del Tratado CE prohíbe los obstáculos a la libre circulación de mercancías que den lugar a la ausencia de armonización de la legislación nacional, en la presentación de productos de otros Estados miembros que se fabrican y comercializan legalmente, normas que dictan características particulares que deben cumplir los productos, como, por ejemplo, nombre, forma, tamaño, peso, composición, presentación y etiquetado .

El Tribunal observa que la legislación española es desproporcionada con el objetivo de la protección del consumidor.

De hecho, el consumidor promedio llamado “consumidor de referencia” o una persona informada, razonablemente cuidadosa y prudente, puede saber, a través del etiquetado, tanto la composición como las características del producto ofrecido en el mercado.

De ello se deduce que si los productos importados cumplen con la legislación comunitaria sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos peligrosos, la restricción de la libre circulación de mercancías no puede justificarse debido a una mayor protección de los consumidores.

Además, dado que las etiquetas de los productos no están preparadas de manera tal que induzcan a error al consumidor en cuanto a la propiedad real de los bienes en palabras, la restricción a las importaciones de los productos anteriores es contraria a la legislación comunitaria sobre la libre circulación de bienes.

La necesidad de equilibrar el principio de libre circulación, orientado al desarrollo del mercado interno, con el de la protección del consumidor, centrado no solo en el desarrollo del mercado sino también en la protección del individuo, se obtiene a través de la información efectiva del agente.

Por lo tanto, se puede observar que existe una doble necesidad: por un lado, garantizar la libre circulación de mercancías en el mercado único y, por otro, garantizar la protección de los consumidores de bienes y servicios.

Saludos cordiales

Valentina

Buenas tardes,

 Quisiera nuevamente dar mi opinión sobre el caso.

 Es importante destacar que tanto la Comisión Europea (que presentó el reclamo) como el gobierno Español estaban de acuerdo que la regla respecto al contenido de cloro sirvió como un obstáculo contra la libre circulación de mercancías. Sin embargo, las dos partes difirieron en si el mínimo de cloro requerido podría considerarse como perjudicial para la salud y por ende estar justificado por un motivos de salud pública. El Tribunal de Justicia consideró que la salud pública no era una preocupación lo suficientemente significativa como para justificar el obstáculo. Aunque el Tribunal acordó que el cloro podría ser un químico peligroso, sostuvo que un producto de limpieza con menos de esa cantidad no podría ser una amenaza para la salud pública, y si el contenido de cloro de menos de 35 gramos / litro se encuentra en un producto relacionado con la lejía, entonces se puede advertir a los consumidores que dicho producto de limpieza no es adecuado para algunas formas de desinfección. En relación con la preocupación del gobierno español de que los consumidores pueden intentar usar un producto relacionado con la lejía con menos de 35 gramos / litro para usos que no son apropiados, el Tribunal consideró una vez más que el requisito de etiquetado es más adecuado para advertir a los consumidores sobre las limitaciones de dichos productos relacionados con la lejía, y que no sería una obligación desproporcionada con es considerada junto al objetivo del gobierno español de proteger a los consumidores.

 Existe amplia jurisprudencia de los tribunales Europeos respecto a restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros. Uno de los casos principales es Cassis de Dijon. En este caso, el solicitante quería importar el licor ‘Cassis de Dijon‘ a Alemania desde Francia. Sin embargo, bajo regulación Alamana para la protección al consumidor Cassis de Dijon no contenía suficiente alcohol. La regulación Alemana requería que los licores tales como Cassis de Dijon tuviesen un porcentaje de alcohol de al menos el 25%, mientras que el licor francés solo contenía 15-20% de alcohol. Por lo tanto, la autoridad alemana, impidió la importación. El solicitante afirmó que esto constituía una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación. Sin embargo, Alemania sostuvo que la medida no era discriminatoria ya que se aplicaba por igual a las bebidas alemanas y francesas, y por lo tanto tampoco violaba el artículo 34 del TFUE. El Tribunal de Justicia Europeo no estuvo de acuerdo con este argumento, ya que en la práctica, el efecto principal de los requisitos de esta naturaleza es promover bebidas alcohólicas con un alto contenido de alcohol mediante la exclusión del mercado nacional de productos de otros Estados miembros que no responden a esa descripción. El requisito impuesto por la norma del Estado miembro de un contenido mínimo de alcohol para la venta de bebidas alcohólicas constituye por ende un obstáculo al comercio que es incompatible con las disposiciones del artículo 34 TFUE.

Estos dos asuntos son solo dos de los múltiples ejemplos que existen en la jurisprudencia Europea respecto las restricciones de importación o medidas equivalentes. Los Estados Miembros deben estar atentos a este tipo de restricciones ya que las excepciones (e.j. salud pública) serán interpretadas estrictamente. Por ende las medidas nacionales no pueden constituir un medio de discriminación arbitraria o restricción encubierta por los Estados miembros.

Saludos,

Maria

Como se sabe, la Unión Europea es el bloque comercial más grande del mundo. Es el principal exportador mundial de productos y servicios manufacturados y el mayor mercado de importación en más de 100 países. De hecho, el libre comercio entre los Estados miembros fue uno de los principios fundadores de la Unión Europea. Esto es posible gracias al mercado único.

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de noviembre de 2003, C-358/01, prohíbe la comercialización de productos fabricados y comercializados legalmente en otros estados miembros bajo la designación “limpiador con lejía”,cuando su porcentaje de cloro activo es inferior a 35 g / l, el Reino de España no ha cumplido con sus obligaciones dictados por el art. 28 del Tratado de CE.

La legislación española no permite el acceso al mercado con el nombre de “limpiador con lejía”, de productos fabricados y comercializados legalmente en otros Estados miembros, cuando su contenido de cloro activo es inferior a 35 gramos por litro, concentración prescrita en España en virtud del art. 2, n. 2, del Real Decreto n. 3360/1983, que define el blanqueador como una solución de hipoclorito alcalino con una concentración de cloro activo que varía de 35 g / l a 100 g / l.

La Comisión Europea, tras la queja recibida sobre los hechos del caso y el envío de dos cartas de notificación formal a España, que no tenía comentarios concretos, le envió un dictamen motivado en el que se le pedía que tomara las medidas necesarias para cumplir con la misma opinión con referencia, en particular, a algunos procedimientos de sanción pendientes ante la Autoridad Administrativa de la ciudad de Madrid, contra ciertos operadores comerciales que pretenden importar productos en cuya etiqueta aparece la expresión ‘con lejía’ (incluso si El contenido de lejía de estos productos fue inferior a 35 gr / l). Dado que el Reino de España no puso fin a la violación, la Comisión interpuso un recurso de conformidad con el art. 226 del Tratado CE.

En primer lugar, el Tribunal, en relación con la inadmisibilidad del recurso, una excepción planteada por el Reino de España por la falta de acuerdo entre el litigio previo y la jurisdicional, afirma que la Comisión no ha ampliado ni modificado el objeto del procedimiento en el curso del procedimiento prejudicial, con la consecuencia de que el recurso debe declararse admisible.

En cuanto al fondo, es decir, con referencia a la existencia real de una medida de efecto equivalente, el Tribunal de Justicia aclara que, según su jurisprudencia constante, el art. El artículo 28 del Tratado CE prohíbe los obstáculos a la libre circulación de mercancías que se traducen, en ausencia de una armonización de las leyes nacionales, en el sometimiento de productos de otros estados miembros, en los que se fabrican legalmente y se comercializan, a normas que dictan características particulares a las que deben conformarse los productos (por ejemplo: denominación, forma, tamaño, peso, composición, presentación y etiquetado), incluso en el caso de que esas normas sean igualmente aplicables tanto a los productos fabricados en el territorio de los Estados miembros como a aquellos importado.

El Tribunal observa que la legislación española es desproporcionada con el objetivo de protección del consumidor. De hecho, el “consumidor de referencia” como consumidor promedio, normalmente informado y razonablemente atento y prudente, es capaz de conocer, a través del etiquetado, en este caso, tanto la composición como las características del producto ofertado en el mercado.

De ello se deduce que si los productos importados cumplen con la legislación comunitaria sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos peligrosos, no puede haber ninguna justificación para restringir la libre circulación de mercancías motivada por una mayor protección del consumidor.

Además, se deduce que, dado que las etiquetas de los productos no están preparadas de manera que induzcan a error al consumidor sobre la propiedad real de los bienes en sí mismos, ya que la expresión “con lejía” está claramente establecida, la restricción de las importaciones de los productos indicados anteriormente contrasta con la legislación comunitaria sobre libre circulación de mercancías.

La necesidad de equilibrar el principio de libre circulación, dirigido al desarrollo del mercado interno, con el de la protección del consumidor, centrado no solo en el desarrollo del mercado sino también en la protección del individuo, se logra a través de una información efectiva del agente.

Saludos cordiales,

Clara 

En la sentencia en comentario, la Corte de Justicia ha establecido que contrasta con la libre circulación de las mercancías la disciplina nacional que prohibe la comercialización de los productos conformes a la normativa comunitaria y legalmente hechos en un país de la unión europea.

Negando el acceso al mercado español a productos legalmente hechos y comercializados en otros Estados miembros con la denominación “limpiador con lejía” o parecidos, cuando su porcentaje de cloro activo es inferior a 35 g/l, el Reino de España ha venido menos a las obligaciones a ello inminente en fuerza del art. 28 del Tratado CE.

La normativa española no permite el acceso al mercado bajo la denominación de “limpiador con lejía” o sea detergente con lejía, de productos hechos y comercializados legalmente en otros Estados miembros, cuando su contenido de cloro activo sea inferior a 35 gramos por litro, concentración prescrita en España a los sentidos del art. 2, n. 2,del regio decreto n. 3360/1983 como sucesivamente modificado que define la lejía como una solución de hipoclorito alcalino con una concentración de cloro activo incluida entre los 35 g/l y los 100 g/l.

La Comisión europea, a causa de la denuncia concernente los hechos de causa y el envío de dos cartas de intimación a España, quedaron faltos de un concreto cotejo, mandó a la misma un parecer fundado invitándola a tomar las medidas necesarias para conformarse adelante al parecer mismo con referencia a algunos procedimientos sancionatorias pendientes a la autoridad Administrativa de la ciudad de Madrid, respecto a unos operadores comerciales decididos a importar productos sobre cuya etiqueta representó la expresión “con lejía.”

No teniendo el Reino de España puesto fin al incumplimiento, la Comisión tiene tan propuesto un recurso ex art. 226 del Tratado CE.

Ante todo la Corte, respecto al irricevibilità del recurso, excepción levantada por el Reino de España por la falta de concordancia entre la fase precontenziosa y aquel jurisdiccional, precisa que la Comisión no tiene ni ampliado, ni modificado el objeto del contender en el curso del procedimiento precontenzioso con la consecuencia que el recurso tiene que ser declarado cobradera.

Con referencia a la efectiva existencia de una medida de efecto equivalente, la Corte de justicia precisa que, a los sentidos de la misma constante jurisprudencia, el art. 28 del Tratado nos prohibe los obstáculos a la libre circulación de las mercancías consiguientes, en ausencia de una armonización de las legislaciones nacionales, del sometimiento de los productos procedentes de otros Estados miembros, en cuyo están legalmente hechos e introducidos en comercio, a normas que dicten característicos detalles a los que los productos mismos tienen que conformarse, por ejemplo: la denominación, la forma, las dimensiones, el peso, la composición, la presentación y el etichettatura, también en la hipótesis en cuyo tales normas sean indistintamente aplicables mucho a los productos hechos en el territorio de los Estados miembros cuánto a aquéllos importados.

La Corte observa que la normativa española es desproporcionada con respecto del objetivo de tutela de los consumidores. En efecto, el “consumidor de referencia” cuál consumidor mediano, normalmente informado y razonablemente atento y avisado está capaz de conocer, por el etichettatura, en el caso de especie sea la composición que las características del producto ofrecidas sobre el mercado.

Consigue de ello que si los productos importados observan la normativa comunitaria en tema de clasificación, embalaje y etichettatura de los productos peligrosos, no puede justificarse una limitación a la libre circulación de las mercancías motivada por una mayor protección de los consumidores.

Consigue de ello, además, que no siendo las etiquetas de los productos se preparadas de manera tal que inducir en error al consumidor sobre la efectiva propiedad de las mercancías mismas en cuánto es reconducida claramente la expresión “con lejía”, la restricción de las importaciones de los productos sobre indicados contrasta con la normativa comunitaria sobre la libre circulación de las mercancías.

Al interior de las cuatro libertades de circulación previsto por el Tratado instituyente de la Comunidad económica europea, Libre circulación de las mercancías, Libre circulación de las personas, Libre circulación de los servicios y a la Libre circulación de los capitales, la libre circulación de las mercancías tiene, desde los orígenes, desarrolla un papel fundamental, representando el punto de salida por la realización del mercado común. Esta libertad, enunciada entre los objetivos del Tratado al art. 2, y prevista en detalle de los artt. 23-31 tratado CE, hemos encontrado realización a través de dos instrumentos: la unión aduanero y la abolición de las restricciones cuantitativas a los cambios. De este modo se ha hecho posible el gradual logro del mercado interior comunitario. A las previsiones contenidas en el Tratado se han en fin se acercados numerosos actos de derecho secundario como los reglamentos sobre la institución de la Tarifa aduanero ayuntamiento y las normas finalizadas a abolir los obstáculos a la libertad de circulación.

Las disposiciones sobre la libre circulación de las mercancías tienen como destinatarios los Estados miembros, también obligando las correspondientes articulaciones interiores territoriales a garantizar de ello el respeto, pena la infracción del derecho comunitario a obra del Estado y las relativas consecuencias. En el caso en que la violación de las previsiones en materia sea efectuada por sujetos privados, el Estado resultará en todo caso responsable de la violación a la libre circulación de las mercancías si y en cuánto haya tolerado el comportamiento injurioso, no interviniendo para interrumpir o sancionar el comportamiento de éste.

Las disposiciones sobre la libre circulación de las mercancías han estado más veces valoradas por la Corte de justicia como productiva de efecto directo en los órdenes nacionales, a prescindir de su fallida realización en el recto interior será por lo tanto posible para los individuos invocar de ello la aplicación delante de la autoridad jurisdiccional nacional.

En la primera fase de la integración comunitaria, se ha hecho necesario progreso a la abolición de los aranceles aduanero existentes por el comercio intracomunitario y de los impuestos de efecto equivalente a este, artt. 23-25 TCE. A tal fin ha sido fijada una tarifa aduanero ayuntamiento hacia los Estados tercias, al que someter todos los bienes al momento de su primera entrada en el mercado comunitario. Para hacer efectivo la prohibición de los aranceles aduanero y evitar la posibilidad por los Estados de rodear de ello el dictado, se preve que este también se extienda a los impuestos a efecto equivalente o sea a cada gravamen pecuniario que un Estado miembro solicite en razón del importazione/esportazione de un producto.

A la prohibición de aranceles aduanero y a impuestos de efecto equivalente la Comunidad europea acerca la prohibición de imposiciones fiscales internas discriminatorias respecto a los productos de otros Estados miembros además de la prohibición de imposiciones proteccionísticas a favor de la producción nacional, ambos contenidos en el art. 90 TCE. De este modo se golpean las previsiones fiscales internas no relacionadas al cruce de la frontera, o sea aplicables a todos los productos, importados y no, en caso de que hayan resultado como aquel de discriminar los productos de otro Estado miembro. Se quiere evitar así que los Estados eludan las previsiones en materia de libre circulación de las mercancías.

El respeto de esta previsión será averiguado por una comparación entre la tasación de los productos importados y aquel de productos nacionales “similares”: donde el estreno resulta cuantitativamente superior se encontrará frente a una imposición fiscal discriminatoria.

Al mismo modo resultan prohibís las disposiciones fiscales que protegen indirectamente las producciones interiores no similares, pero en todo caso en competencia con el producto importado porque representan de ello una posible alternativa. Ogniqualvolta se haya a la presencia de una violación del art. 90 TCE el Estado tendrá que proveer a la restitución del tributo ilegítimamente cobrada.

La realización de la prohibición de restricciones cuantitativas a los cambios y medidas de efecto equivalente a este, artt. 28-29 TCE, han dado origen a una interesante evolución a obra de la jurisprudencia comunitaria.

Cuánto a las restricciones cuantitativas, regresan en esta categoría sea disposiciones nacionales que prevean una prohibición absoluta de importación sea disposiciones nacionales que prevean un cuantitativo máximo de bienes.

Cuánto a las medidas de efecto equivalente, fundamental sobre el punto es fórmula Dassonville, según el que regresan en esta noción todas las medidas que, directamente o indirectamente, encojan los cambios comerciales entre los Estados.

El punto de salida inicial se basó en la diferencia de trato entre productos nacionales e importados: fueron tan evaluadas en violación de los artt. 28-29 TCE las medidas distintamente aplicables, como por ejemplo la solicitud de un certificado o una licencia por los productos importados y la previsión de controles sanitarios sistemáticos. Al mismo modo, también las medidas que desaniman o impiden las importaciones paralelas regresan en esta previsión.

Siguientes intervenciones interpretativas también han llevado a creer posible la recaída en la prohibición de las medidas indistintamente aplicables a los productos nacionales y a aquéllos importados, como por ejemplo las normas sobre calidad y presentación del producto. Justo para eliminar los restantes obstáculos consiguientes de esta tipología de disposiciones ha sido introducido, por la sentencia Cassis de Dijon, sentencia 20 de febrero1979, el principio de mutuo reconocimiento, con base en el que los Estados tienen que tener una confianza recíproca en las correspondientes normas técnicas sobre la comercialización de los productos, no pudiendo solicitar luego a los productos importados el respeto de las mismas normas nacionales sobre el punto, salvo la necesidad de salvaguardar las exigencias imperativas cuál por ejemplo la tutela de los consumidores y la lealtad de las tiendas comerciales.

El Tratado instituyente no previo alguna noción de mercancía. Usted es devuelto por lo tanto necesario esperar la intervención interpretativa de la Corte de justicia, ella que se ha basado el propio razonamiento en el principio de valoración económica. Regresarán por tanto en la noción de mercancía todos los bienes valorables en dinero, a prescindir de la entidad de la valoración misma.

El Tratado, al art. 30, preve una lista taxativa de motivos con base en la que es posible encoger la libre circulación de las mercancías, imponiendo restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente. Se trata de razones de moralidad pública, policía, orden público, salud, tutela de la propiedad industrial y comercial. Tratándose de derogaciones al principio general, éste han sido interpretadas restrictivamente y podrán ser sólo aplicáis en ausencia de armonización comunitaria completa y en el respeto del principio de proporcionalidad: serán admisibles las medidas necesarias a la tutela del objetivo previsto a pacto que sean aquellos restrictivos posible por los cambios comunitarios.

 Atentamente

PAMELA USTA YABRUDY Opinión-Asunto 358/01CONTRAER

Copio a continuación mi opinión sobre el asunto 358/01:

  • Antecedentes: El inicio de este litigio entre la Comisión Europea y España lo marca el requerimiento presentado por la Comisión el 4 de noviembre de 1999 (seguido de un dictamen motivado). En el requerimiento, la Comisión considera que España (y concretamente la Comunidad Autónoma de Madrid) ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y siguientes (Tratado de Roma de 1957 o CEE, en su versión consolidada de 1997 tras el Tratado de Ámsterdam), al negar el acceso al mercado español de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros con la denominación “limpiador con lejía” u otra denominación similar. La legislación española requería que, para usar dicha denominación, el producto debía contener al menos 35 gramos de cloro por litro. La Comunidad de Madrid asimismo incoó procedimientos sancionadores contra algunos de los importadores de tales productos. Dichas prácticas, que constituían medidas de excepción al principio de la libre circulación de mercancías en la Comunidad, fueron notificadas a la Comisión por parte de España, tal y como requiere la Decisión nº 3052/95, en la primera mitad del año 2000 (escrito de España a la Comisión de 1 de agosto de 2000). España justificó dichas restricciones por su objetivo (protección a los consumidores y salud pública) y proporcionalidad por medio de un escrito a la Comisión de 30 de noviembre de 2000. La Comisión no compartió el criterio del Gobierno de España y presentó recurso por incumplimiento del artículo 28 CE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de septiembre de 2001. El Tribunal resolvió mediante sentencia el 6 de noviembre de 2003 (asunto C-358/01).
  • Fondo del asunto: Se centra en la justificación de España para limitar la introducción de ciertos productos “con lejía” como excepción al principio de la libre circulación de mercancías en la Comunidad. España sostiene que es preciso garantizar, en aras de la salud pública (para evitar enfermedades), un contenido mínimo de 35 gramos de cloro activo por litro. Además, añade que esta norma se aplica indistintamente a los productos nacionales y a los productos importados, de modo que no hay ni discriminación arbitraria ni restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Asimismo, España defiende su decisión en base a un argumento de protección de los consumidores: los limpiadores con menos de 35 gramos de cloro activo por litro no tienen las propiedades que tradicionalmente los consumidores esperan de productos etiquetados como “lejía”. La Comisión responde que hay medidas menos gravosas que la prohibición a la importación para conseguir el mismo objetivo; por ejemplo, un etiquetado que ponga de manifiesto que ese limpiador tiene menor concentración de cloro (p. 42).

El Tribunal considera que el argumento relativo a la salud pública “se deriva (…) de los peligros que pueden surgir cuando un consumidor (…) utilice [el limpiador con menos de 35 gramos de cloro por litro] de manera inadecuada o con fines distintos de aquellos para los que fue concebido” (p. 48). Por ejemplo, utilizar (inadecuadamente) el limpiador como desinfectante para tareas que por el contrario requieren un producto con alto contenido en cloro.

Uno de los aspectos fundamentales de la Unión Europea es el mercado interior (creado en 1993 por el Tratado de Maastricht), un mercado único en el que circulan libremente los bienes, los servicios, el capital y las personas. Para alcanzar y proteger dicho fin, las excepciones al principio de la libre circulación de mercancías deben ser proporcionales y justificadas. El Tribunal parece admitir que la excepción propuesta por España es (i) justificable en base a la salud pública (p. 48, aunque la sentencia es ciertamente vaga en este punto) pero (ii) desproporcionada y, por tanto, inadmisible. Para mí, el objetivo de salud pública defendido por España es claramente legítimo y justificado como excepción al principio de la libre circulación de mercancías. Sin embargo, coincido con el Tribunal en la desproporción de la medida española:  en vez de, por ejemplo, requerir un etiquetado determinado, España directamente prohibía la importación de dichos productos o sancionaba a los productores que efectivamente los importaban.

Por otro lado, la sentencia parece defender que el “consumidor de referencia“, es decir, “un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” (p. 53) es capaz de determinar la capacidad desinfectante de un producto limpiador mirando su composición química en la etiqueta (es decir, prestando atención a la cantidad de cloro). No comparto la conclusión del Tribunal en este extremo: el “consumidor de referencia” espera que cualquier producto vendido como “lejía” tenga altas propiedades desinfectantes sin necesidad de examinar su concentración de cloro. Al contrario de lo que se infiere en la sentencia (p. 56), los productos alimenticios o cosméticos no son análogos respecto a lo que el “consumidor de referencia” español espera de un limpiador al leer “con lejía“. La expectativa de un consumidor de referencia español al comprar un “limpiador con lejía” (independientemente de su etiqueta) es que tenga altas propiedades desinfectantes. La realidad, no obstante, es que los limpiadores “con lejía” que contengan una baja concentración de cloro no cumplirían con dicha exceptiva, lo que pasaría inadvertido al consumidor ya que el cliente medio español no conoce cuál es el umbral de cloro (marcado en la etiqueta) que otorga mayor o menor poder desinfectante. Dicho de otro modo, en productos marcados como “lejía” o “con lejía”, la etiqueta es irrelevante para el consumidor medio ya que este no es químico y no conoce por tanto cual es la cantidad de cloro necesaria para desinfectar líquidos o superficies.

Mi discrepancia en este punto con el criterio del Tribunal implica también mi desacuerdo con la determinación en los pp. 59-60. El Tribunal entiende que la denominación “limpiador con lejía” no es publicidad engañosa ya que “[l]a preposición «con» indica claramente al consumidor que adquiere un producto que se compone, en particular, pero no exclusivamente, de lejía. Por tanto, no se oculta al consumidor la verdadera naturaleza del producto.” El Tribunal omite analizar el factor realmente relevante sobre esta cuestión (que no es el significado de “con”). De nuevo, la expectativa del consumidor medio español delante de un “limpiador con lejía” es que su parte de lejía conlleve poder desinfectante, lo que hemos visto puede no ser así dependiendo de la cantidad de cloro en la solución. Por tanto, a mi parecer, la denominación “limpiador con lejía” si sería publicidad engañosa, al menos a los efectos del presente caso, si no se acompañara de ninguna otra indicación más allá de la etiqueta con su composición química.

Lo anterior me lleva a concluir* que:

  • Estoy de acuerdo con la resolución ultima de la sentencia (declarar que España ha incumplido las obligaciones del artículo 28 CE) por falta de proporcionalidad de la excepción al principio de la libre circulación de mercancías (ya que España directamente prohibía la importación de productos legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros con la denominación “limpiador con lejía” u otra denominación similar, cuando su contenido en cloro activo era inferior a 35 gramos por litro).
  • Sin embargo, discrepo con la sentencia en cuanto a cómo dicha excepción al principio de la libre circulación de mercancías seria proporcional en el presente caso. Para el Tribunal, un etiquetado que contuviese la cantidad de cloro de la lejía ya es suficiente. Para mí, el etiquetado (aun admitiendo la denominación “limpiador con lejía“) tendría además que manifestar claramente que ese producto no tiene propiedades desinfectantes si su contenido en cloro es menor del referido umbral. De este modo, el consumidor de referencia ahora si entendería las propiedades del producto y, asimismo, se protegería la salud pública. La solución que propongo va pues en la línea de lo que la Comisión manifestó en su recurso (pp. 42-43).

* Mis conclusiones presuponen que esté científicamente probado que el umbral de 35 gramos de cloro por litro otorgue efectivamente propiedades desinfectantes a la lejía.

Rider, la Cassazione cassa se stessa.

Con una inversione a U, cui purtroppo siamo abituati da tempo, la Suprema Corte ha completamente mutato il proprio orientamento in ordine all’inquadramento dei rider e con la sentenza n. 1663/2020 ha sostenuto che agli stessi sia applicabile il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti del settore logistica.

Invero – ad avviso della corte di legittimità – «non ha decisivo senso interrogarsi se tali forme di collaborazione» siano classificabili «nel campo della subordinazione o dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato».

Insomma, i rider non sono lavoratori subordinati, ma ce ne frega relativamente perché in ogni caso si applicano le tutele dei lavoratori subordinati.

Non è la prima volta che la Cassazione gioca sui “confini labili” per estendere tutele a figure negoziali ibride e tutto sommato è un orientamento che ha una sua logica ( al contrario del precedente ).

Semmai c’è da chiedere alla Cassazione se sia estendibile solo il trattamento retributivo dei dipendenti – ricorrendo ovviamente al contratto collettivo nazionale di settore – ovvero ci siano margini per riconoscere altre tutele.

E, in caso affermativo, come si collocano gli enti di previdenza e le assicurazioni obbligatorie ? Quali saranno le ricadute sul costo del lavoro? Ci saranno ferie, malattie, permessi, straordinari? Ci sarà – prima di tutto – un orario di lavoro con dei turni? Ecco, questi sono interrogativi che la Cassazione non risolve: del resto queste non sono questioni che dovevano essere espressamente affrontate alla luce dei motivi di ricorso.

Sono però questioni fondamentali che andranno risolte al più presto – possibilmente con l’intervento del legislatore – anche per capire quale sarà l’evoluzione della figura del rider e come reagiranno le società di committenza.

A fondamento della statuizione della S.C. infatti ci si riporta al Jobs Act:

«Dal primo gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente».

E’ quello summenzionato l’indice «di una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica».

Di fatto però toccherà al giudice di merito accertare di volta in volta se siano estendibili o meno dette tutele al ricorrente. Trattasi tuttavia di un accertamento che rischia di essere puramente arbitrario in mancanza di paletti normativi e dell’elaborazione di indici sintomatici da parte della Cassazione.

E’ infatti facilmente prevedibile che a breve i Giudici del Lavoro di tutta Italia si troveranno in forte difficoltà in quanto verranno investiti dai ricorsi dei riders per vedersi riconosciute le differenze retributive finora maturate in virtù della breccia aperta dalla Cassazione.

Difficoltà che andavano per questo preventivamente affrontate dalla Cassazione che invece, col piglio del gambero, ha deciso di ignorare.

Bonafede spara l'ennesima minchiata: "Gli innocenti non vanno in carcere".

E’ sorprendente la supponenza e la convinzione con cui il Guardasigilli Alfonso Bonafede esterna le sue castronerie. Il ministro – che sostiene che, quando il reato non è doloso, diventa colposo – è riuscito infatti a superarsi ancora una volta affermando che “gli innocenti non vanno in carcere”; con ciò confermando di essere del tutto fuori dalla realtà e di essere persino a digiuno di letteratura ( prima che di diritto).

Ci sarebbero al riguardo tantissimi interrogativi da porsi. Innanzitutto bisognerebbe interrogarsi sulla inidoneità di fare selezione della facoltà di giurisprudenza e dell’esame di abilitazione alla professione forense. Invero infatti, parliamoci chiaro, Di Bonafede in giro per i tribunali – che, come ha rivelato egli stesso, da avvocato fa i decreti ingiuntivi su sentenza (SIC!) – se ne vedono fin troppi.

In secondo luogo bisogna interrogarsi su come sia possibile che Bonafede abbia degli elettori che lo sostengono. Se Bonafede è quello che è – e si vede ictu oculi – chi lo ha votato come potrà mai essere? Bisognerebbe infatti smetterla di dare addosso ai politici per capire chi li crea questi politici.

Ciò premesso, è tempo che l’avvocatura prenda una seria posizione nei confronti di Bonafede: uno così è troppo pericoloso e la ignobile riforma della prescrizione nel processo penale è solo un’avvisaglia.

Test psichiatrici per i magistrati prima che sia troppo tardi.

Se ne parla ormai da anni, troppi anni. Se ne parlava con il guardasigilli Castelli quasi venti anni fa e se ne è parlato brevemente anche con il ministro della funzione pubblica Giulia Bongiorno, ma alla fine non si è mai prodotto nulla di concreto per via dell’ostracismo della magistratura.

Eppure non si capisce per quale ragione l’accesso alla carriera in magistratura, al pari di altre attività alle dipendenza della pubblica amministrazione ( si pensi al concorso per commissario di P.S.), non debba essere filtrato da opportuni, oggettivi e selettivi test psicoattitudinali.

Se ormai i processi mediatici ci hanno abituato a conoscere magistrati megalomani, poco si sta parlando della situazione esplosiva che si ritrova nelle scuole private di magistratura (e non ci si riferisce solo a Bellomo) e nei tribunali con i tirocinanti

Si specifica al riguardo che qui il bersaglio non sono le scuole private di magistratura, né i tirocini in tribunali. Tantomeno si vuole poi mettere sotto tiro chi ha l’opportunità di vivere queste esperienze.

Chi però frequenta le scuole o i tribunali sa che troppo spesso vi si trovano delle esaltate già in preda a manie di grandezza sebbene appena uscite dalla università e incapaci di scrivere un ricorso per una contravvenzione.

Sono questi soggetti pericolosi cui andrebbe impedito l’accesso alla magistratura perché, qualora riuscissero a superare le prove scritte d orali, non potrebbero che produrre danni.

Ad un bravo magistrato infatti è richiesto equilibrio, preparazione e voglia di lavorare.

E’ tempo di intervenire su ciascuno dei predetti punti.

La magistratura all'attacco della democrazia

Il travaglismo dilagante sui media, la proliferazione di ex magistrati in politica e gli interventi quotidiani di magistrati sui temi politici rendono evidente che viviamo tempi difficili in cui il ruolo della magistratura è andato ben oltre a quello riconosciutole dalla costituzione, permettendole così di sfuggire ad ogni controllo.

Non ci si riferisce ai vari scandaletti – dal CSM ai tribunali di mezza italia – che hanno interessato le cronache degli ultimi anni, ma all’atteggiamento sempre più diffuso di un giudicante che provoca le parti nell’esercizio delle sue funzioni.

Ci si riferisce altresì, ovviamente su un piano diverso, ad esternazioni che in un paese veramente democratico sarebbero fonte di scandalo e biasimo generale e che invece in Italia diventano l’occasione per l’attuazione di iniziative da parte degli artefici della “magistratocrazia”.

Appaiono per questo poco opportune le esternazioni di Davigo, che vuole punire gli avvocati che impugnano i provvedimenti dei giudici, nonché a quelle di Franco Roberti, che ha proposto di eliminare l’appello nel processo penale.

Come leggere queste dichiarazioni? Sono frutto di una elaborazione solo personale ( sebbene gravissima) o aprono il campo ad una iniziativa coordinata del terzo potere?

E’ opinione diffusa infatti che sia democratico quel paese in cui il cittadino non è inferiore, ma sullo stesso piano dello stato. Per questo gli vengono riconosciute ampie tutele sia nell’approccio quotidiano con la pubblica amministrazione che in occasione di vicende processuali nelle quali venga coinvolto.

Queste garanzie formali vengono tuttavia calpestate quotidianamente da chi è alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Condannare il cittadino all’ergastolo processuale con la sospensione della prescrizione, attuare delle vere e proprie intimidazioni nei confronti degli avvocati che difendono i cittadini e limitare le garanzie processuali ( addirittura proponendo la eliminazione del grado di appello) sono invero delle spie pericolose per una democrazia.

A cosa mira dunque questa magistratura che ama fin troppo la politica?
Non si accontenta forse più di riempire le liste elettorali, essere praticamente irresponsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni e far dimenticare i troppi scandali che la vedono coinvolta?

Franco Roberti: " Eliminiamo l'appello " – La magistratura esce allo scoperto

L’ex procuratore nazionale antimafia, ex procuratore della repubblica di Salerno, ex assessore alla legalità della giunta campana De Luca recentemente approdato al parlamento europeo ( ovviamente col partito democratico) si accoda a Davigo lasciandosi andare ad esternazioni che fanno capire molto della mentalità diffusa nelle procure italiane.

Roberti, infatti, ad una precisa domanda del Dubbio sulle riforme da attuare nel processo penale ha infatti così risposto:

“Io penso a una riforma radicale: abolizione totale dell’appello per i processi definiti in primo grado in dibattimento. In questo caso, infatti, la prova si forma nel dibattimento e con tutte le garanzie per la difesa, dunque non ha senso replicare lo stesso processo in appello. L’appello, invece, rimarrebbe solo per i processi svolti con riti alternativi e in particolare nel caso di giudizio abbreviato, in cui la prova si forma sugli atti di indagine. In questo modo, inoltre, ci sarebbe un incentivo per i difensori al ricorso ai riti alternativi e al dibattimento arriverebbe al massimo il 10% dei processi. Non solo, per evitare l’imbuto del secondo grado il giudice monocratico andrebbe previsto anche in appello, eliminando dunque il collegio. Da ultimo, per deflazionare anche la Cassazione, il giudizio cassatorio a metà tra il merito e la legittimità andrebbe riservato alla Corte d’Appello“.

Insomma Franco Roberti ritiene i magistrati infallibili e l’appello un’inutile ( e defatigante) ripetizione di quello che è già stato fatto. Peccato solo che questa considerazione sia smentita dal mero dato statistico: nel processo penale il 45% delle sentenze appellate vengono riformate, dunque la Corte d’Appello in almeno un caso su due non condivide la valutazione del giudice di prime cure.

Con ciò ponendo altresì in rilievo che troppi pubblici ministeri esercitano molto male l’azione penale intasando i tribunali e facendo spendere allo stato troppi soldi ( ed è questo forse che infastidisce Roberti).

Per troppi pubblici ministeri, del resto, il processo, la difesa, le garanzie per l’imputato sono dei fastidiosi orpelli che impediscono ai pubblici ministeri medesimi di avere sempre ragione.

Non è la prima volta che Roberti si lascia andare a dichiarazioni controverse. Semmai la domanda che va posta è se l’ultrasettantenne Franco Roberti parli a titolo di ex magistrato o a titolo di politico in quota partito democratico.

E, soprattutto, bisogna chiedersi cosa c’entrino queste sue dichiarazioni in ordine al processo penale italiano con la sua funzione di parlamentare europeo.

Visto che è stato eletto per rappresentare il suo partito a Bruxelles in seno al parlamento europeo e nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultimo, si limiti a svolgere il suo compito senza interferire in un dibattito che è già stato reso troppo frizzante dai travaglismi e dai 5 stelle al governo.

Giuristi, non parlate con Travaglio !

Su istangram, per puro caso, mi è capitato di vedere una serie di “storie” realizzate in una di quelle feste private con la “Roma che conta” in cui appariva Marco Travaglio che ballava e cantava. Vederle è stato molto divertente perché Travaglio appariva nella insolita veste di anima bella che accende la festa e si sollazza.

Riconoscere il personaggio però mi ha reso altresì inquieto, visto che Travaglio è uno dei rappresentanti massimi di quel giornalismo livoroso, manettaro e giustizialista che tanti danni ha fatto al paese.

Ultimamente, più in particolare, ha fatto molto discutere la sua partecipazione a tg2 post – approfondimento del tg2 – assieme al magistrato Alfonso Sabella e al professore di diritto privato ( nonché ordinario componente del Consiglio nazionale forense ) Salvatore Sica.

In detta trasmissione Travaglio, con la sicumera che da sempre lo contraddistingue, esponeva una serie sterminata di inesattezze giuridiche per difendere la contestatissima e francamente imbarazzante riforma sulla prescrizione, imposta dal 5 stelle con Alfonso Bonafede, che introduce nel nostro ordinamento “l’ergastolo processuale”.

A Travaglio, tuttavia, non bisogna fargliene una colpa: Travaglio infatti è laureato in storia e filosofia e – se non in veste di imputato – non ha mai avuto alcuna esperienza diretta su come funziona un processo penale in Italia.

Semmai il punto è perché due giuristi di successo, pur di andare in televisione, accettino il contraddittorio con chi non ha le conoscenze tecniche per discutere di diritto.

Risulta forse che un medico discuta di operazioni chirurgiche con un pizzicagnolo? Risulta che un ingegnere si faccia contestare il computo metrico da un fioraio?

Allora dunque perché un magistrato e un avvocato accettano di discutere di prescrizione con Travaglio?

Così facendo si nuoce al prestigio e al decoro della categoria di appartenenza e si ingenera confusione nell’ascoltatore che, con parole semplici, ha il diritto di sapere qual è la funzione di civiltà svolta dalla prescrizione.

Invece è accaduto quello che non vorremmo mai vedere: la travaglizzazione dell’avvocato Sica che, con una grave cessione al politicamente corretto televisivo, ha preferito fare il piacione parlando di “tecniche dilatorie” utilizzate dall’avvocatura; con ciò implicitamente addossando sull’avvocatura ( e non su una magistratura spesso svogliata ) le responsabilità per la eccessiva durata dei processi, nonché ottenendo un ghigno compiaciuto da parte di Travaglio.

Ecco, a tutto ciò bisognerebbe porre un freno: i giornalisti devono tornare a limitarsi a descrivere i fatti e ad esporre una loro opinione, mentre i giuristi – solo i giuristi ! – devono parlare di diritto con il massimo rigore richiesto.

Si può dunque rinunciare ad una ospitata televisiva in cambio della difesa del decoro e del prestigio richiesti dalla professione?

Sica, ci faccia sapere.

La figlia della Boccassini la sfanga: patteggiamento per omicidio stradale

Facciamo una ipotesi. Poniamo il caso che un vostro conoscente investa una persona e la uccida. Poniamo altresì il caso che nelle immediatezze del fatto intervengano gli organi di polizia giudiziaria. Secondo voi cosa farebbero?

Mutatis mutandis nello specifico è successo questo: Alice Nobili, figlia dei magistrati Ilda Boccassini e Alberto Nobili, ha investito una persona che, in seguito al predetto evento, è purtroppo deceduta.

Classica ipotesi di “omicidio stradale” recentemente introdotta tra mille contestazioni per ricondurre nell’alveo del dolo ciò che per la giurisprudenza era sempre stato qualificabile a titolo di colpa

Qual è stato l’esito processuale della vicenda? La procura ha deciso di patteggiare la pena: 9 mesi (probabilmente con sospensione condizionale della pena).

Poteva andare peggio? Sì, sicuramente sì.

Potevano gli organi di polizia giudiziaria effettuare alcuni controlli di routine sull’assunzione di alcol e stupefacenti? Ovviamente sì, ma non li hanno fatti.

Resta sicuramente la rabbia de parenti della vittima.

Davigo la spara grossa sugli avvocati. Qualcuno lo fermi.





Mentre l’uscita nelle sale cinematografiche del film Hammamet sulla figura di Craxi rende di nuovo attuale il dibattito su tangentopoli, non ha avuto il risalto che merita l’ennesima esternazione inopportuna di uno dei protagonisti di quella stagione politico-giudiziaria

Piercamillo Davigo, giudice negli anni ’90 del pool di Milano che attualmente ricopre l’incarico prestigiosissimo di presidente di sezione penale presso la Suprema Corte, è infatti intervenuto – a margine della contestatissima riforma sulla prescrizione imposta da Bonafede – sostenendo in una intervista al Fatto Quotidiano che bisognerebbe porre un freno alle impugnazioni dei provvedimenti dei giudici e prevedere peraltro, per il pagamento delle pene pecuniarie, la responsabilità solidale degli avvocati assieme ai propri assistiti.

Da queste poche parole – riportate da Il Dubbio- emerge una concezione pericolosa della giustizia secondo cui la difesa dell’imputato sarebbe per Davigo solo una perdita di tempo e chi la esercita andrebbe limitato.

Si tratta sostanzialmente di affermazioni fortemente lesive per l’avvocatura – per le quali ci si aspetterebbe una vibrante protesta dei rappresentanti di categoria – secondo le quali le garanzie del processo sarebbero solo un ostacolo per la condanna immediata dell’imputato.

Se così è – verrebbe da chiedere a Davigo – perché allora celebrare un processo e prevedere una difesa? Si applichi fino in fondo il metodo Davigo secondo cui ogni indagato è per definizione colpevole, lo si sbatta subito in un bagno penale con i ratti e la palla al piede e si estorca una bella confessione mediante la tortura.

Si ritorni cioè a quel sistema di responsabilità penale pre-illuminista che per tanti secoli è stato applicato, salvo poi essere stato smantellato grazie al contributo di grandi pensatori quali Gaetano Filangieri e Cesare Beccaria. Si ritorni, dunque, alla stagione di quei “miserabili” descritti da Victor Hugo in base alla quale una pena deve essere puramente vendicativa e un delinquente non potrà mai riscattarsi

Ecco, in questo articolo non è il caso di spingersi oltre con considerazioni storiche. Ci si limiti semmai a segnalare che, davanti ad asserzioni di una gravità inaudita, né la magistratura ha ritenuto opportuno prendere le distanze né l’avvocatura ha manifestato il proprio dissenso.

Ciò appare più grave allorché si consideri che viviamo in uno stato dove opera una magistratura pressoché irresponsabile che non paga praticamente mai – né sotto un profilo disciplinare, né di tasca propria – per gli errori di negligenza, presunzione o ignoranza che costantemente commette ( rendendo quindi necessarie le impugnazioni)

Per cui in questa sede ci si limita a rilanciare specularmente le asserzioni di Davigo proponendo che il Pubblico Ministero paghi di tasca propria le spese per ogni azione penale che poi si riveli infondata e che ogni provvedimento che sia riformato sia fonte di responsabilità per l’estensore.

Scommettiamo che, ove mai ciò fosse promosso per davvero, la magistratura strepiterebbe e – col solito spirito conservativo che la connota – non riformerebbe mai un provvedimento dei colleghi?

Políticas de trabajo y ayudas de estado en España y en Italia

Una mirada al ordenamiento español.


Dado que la protección de la competencia es esencial para el buen funcionamiento del mercado común comunitario, es necesario profundizar la evolución del derecho antitrust en el ordenamiento español, verificar su influencia en el derecho laboral y por último analizar el enfoque de la doctrina.
Dicho esto, en España la primera medida de protección de la competencia se remonta a 1963, año en que ha sido emitida la Ley 1107/1963 de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia, que tenía el propósito de dictar por primera vez una disciplina para preservar la integridad del mercado y estigmatizar las prácticas restrictivas y las concentraciones económicas.
Al mismo tiempo, ha sido creato un sistema compuesto por órganos administrativos ad hoc, es decir el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia, con competencias específicas en materia de antitrust.
Con la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la competencia ha encontrado su anclaje constitucional en el artículo 38 en el que se garantiza la libertad de empresa, en el contexto de la economía de mercado.
La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, finalizada a completar el sistema diseñado por la Ley 110/1963 anterior, ha sido, de hecho, emitida en aplicación del artículo art. 38 CE.
La disciplina en cuestión era necesaria después de la adhesión de España a la Comunidad Europea, que tuvo lugar en 1986: el objetivo de la Ley en 1989 era, por lo tanto, adaptar el sistema español al derecho comunitario de la competencia y a los principios desarollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Gracias a las nuevas disposiciones, la competencia se convierte en un principio fundamental de toda la economía de mercado y representa, entre las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta la libertad de empresa.
Por lo tanto, se trata de garantizar la existencia de un mercado suficientemente competitivo a través de la predisposición de una red de protecciones contra todos los posibles ataques al interés público.
La actual disciplina antitrust está contenida en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), que reforma el sistema español de protección de la competencia para reforzar los mecanismos existentes y flexibilizar los procedimientos valorizando también las competencias de las Comunidades Autónomas.
Entre las varias novedades dicha ley ha sustituido el Tribunal de Defensa de la Competencia con la Comisión Nacional de la Competencia.
Está claro, por lo tanto, que incluso en el ordenamiento español, la protección de la competencia ha asumido un papel de importancia vital y ha provocado efectos inevitables también en el derecho laboral, con el que muchas veces ha sido en conflicto .
Entre los diversos casos en las que se ha manifestado el conflicto, es paradigmático el contraste entre el derecho antitrust y el convenio colectivo, en algunos aspectos potencialmente adecuado para limitar la libre competencia entre empresas.
En particular, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1996, sancionó un acuerdo – considerado restrictivo de la competencia – entre representantes de los panaderos y de los pasteleros y los sindicatos UGT y CC.O , en virtud del cual las pastelerías de Barcelona y su provincia podrían permanecer abiertas los domingos y los festivos con sus propios laboratorios artesanales para vender un solo tipo de pan (además de sus propios productos artesanales).
El Tribunal de Defensa de la Competencia rechazó la tesis que consideraba la limitación a un especifico tipo de pan relacionado a la protección de los intereses de los trabajadores.
Por esta razón clasificó los sindicatos como normales operadores económicos y, por lo tanto, sujetos a las normas anticompetitivas.
Pues el acuerdo firmado era atribuible a un acuerdo que restringe la competencia y no conforme a las disposiciones de los Tratados.
El caso es digno de mención porque, también en virtud de la jurisprudencia de la UE, el convenio colectivo es por naturaleza y objeto fuera del ámbito de aplicación del derecho antitrust.
Sin embargo, en el presente caso, el análisis del acuerdo específico permitió de llegar a una solución substancialista.
Se decidió de analizar el caso individualmente para verificar si los sindicatos, en ese caso en particular, actuaron en defensa de sus propios intereses o no.
En esta segunda hipótesis los sindacatos son atraídos a la esfera de los operadores económicos y, por lo tanto, deben estar sujetos a las normas del derecho de competencia .
En el caso en cuestión, se han identificado los extremos de esta segunda categoría.
De manera similar, con la decisión más reciente, se estigmatizó la conducta de algunos sindicatos y empleadores que habían firmado un acuerdo anticompetitivo para prevenir o al menos dificultar el acceso de otras empresas al mercado de servicios portuarios. complementarios.
Con esta resolución, se confirma la idea de que los convenios colectivos no disfrutan de inmunidad absoluta frente la disciplina relacionada a la competencia.
No están sujetos al derecho antimonopolio cuando son una consecuencia de la negociación colectiva y, por lo tanto, se relacionan con acuerdos salariales y ciertas condiciones de trabajo que no tienen efecto frente los terceros o otros operadores del mercado.
Cuando en vez el acuerdo o el contrato va más allá de dicho ámbito es la autoridad de protección de la competencia que, caso por caso, tendrá que evaluar si el contrato debe estar sujeto o no a las norma de la disciplina antitrust.
En particular el enfoque de la doctrina española sobre las relaciones entre el derecho de la competencia y el derecho laboral, ha tenido diferentes desarrollos:
En una fase inicial se ha caracterizado por un derrotismo total, ya que se ha interpretado el fenómeno de la infiltración del derecho comunitario de competencia en el derecho laboral nacional en una perspectiva totalmente negativa: se afirmaba la imposibilidad de reconocer relaciones entre las dos disciplinas con la consiguiente destrucción de los principios laborales bajo el peso de la protección de la competencia.
Poco a poco, sin embargo, ha habido un cambio de perspectiva, dirigido al diálogo constructivo y se ha inaugurado lo que puede definirse como la segunda fase en el estudio de las relaciones entre el derecho de la competencia y el derecho laboral.
Esta nueva fase, que se desarrollará dentro de este trabajo, ha llevado a reconocer los espacios autónomos para el derecho laboral y dar una nueva apariencia a la competencia.

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